Problemática bonificación de los cursos de PRL

En el año 2019, desde una delegación de la Inspección de Trabajo territorial se cuestionó e incidentó la bonificación realizada por una empresa en formación obligatoria de PRL, incluso con imposición de una sanción administrativa. Tras las diversas alegaciones de la empresa, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 23 de marzo de 2022, confirmando la de instancia y el restrictivo criterio de la Inspección de Trabajo. A mediados de 2.023, fueron varias las notas internas de Delegaciones Territoriales del SEPE que entendían que este era el criterio que debían seguir.

Esta situación generó una importante inseguridad jurídica para las empresas, lo que provocó que las diferentes asociaciones empresariales, recomendaran que NO se realizara la bonificación de estos cursos. Al mismo tiempo, se iniciaron distintas iniciativas para que la administración, aclarara este cambio de criterio en la consideración como no bonificables, las acciones formativas que siempre se habían bonificado y además estaban consideradas como formación prioritaria.

Como fruto de las distintas consultas realizadas, a finales de octubre de 2.023 nuestra asociación empresarial nos comunica, que el SEPE les ha trasladado la siguiente información:
“El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha informado a las diferentes delegaciones territoriales de dicho organismo, y por ende a los inspectores, de que no incidenten ninguna acción formativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales financiada en el marco de la formación programada por las empresas, mientras no se desarrolle una norma que regule y clarifique la situación que se había generado en relación con la falta de bonificabilidad de la formación obligatoria.”

A raíz de esta información, les comunicamos que nuestra Entidad vuelve a realizar las gestiones para que su empresa pueda bonificar los costes de los cursos de la TPC y TPM en las cotizaciones a la Seguridad Social.